La nueva normativa española relativa al sector hortofrutícola, de manera general, eleva el mínimo de miembros de una OPFH de cinco a diez, con un valor mínimo de producción comercializable que también sube -de tres a seis millones de euros- en las principales regiones productoras hortofrutícolas españolas. Asimismo, prevé un periodo de cuatro años para adaptarse a estos cambios.
Pocos están contentos con el cambio. Es excesivo para algunos, como FEPEX y ASAJA, e insuficiente para otros, como COAG o la Unión de Uniones. Los primeros argumentan, con razón, que se corre el riesgo de perder a unos productores (y a unos fondos comunitarios) por el camino; los otros insisten en que se debían haber fijado limites aún mayores y asegurado que los beneficiarios son realmente agricultores profesionales.
El tema de fondo es saber qué objetivo persigue la Unión Europea con los fondos operativos y su apoyo a las organizaciones comerciales de productores y diferenciarlo del instrumento que utiliza para alcanzar dicho fin.
Como sabrán ya muchos de ustedes, en una vida anterior fui un actor de primera mano de estos cambios, con lo cual creo que puedo hablar con cierto conocimiento de causa de este tema.
La Unión Europea parte del convencimiento de que son los mercados los que determinan las rentas de los productores de frutas y hortalizas, siendo únicamente los fondos operativos un aliciente para consolidar esta orientación al mercado. El distribuir dichos fondos a través de las OPs responde objetivo de contribuir a un mayor equilibrio de la cadena alimentaria, reforzando la capacidad de dichos productores para crear valor, primero, y conservar luego una parte equitativa de dicho valor. El objetivo es pues mejorar el equilibrio de la cadena alimentaria, el instrumento son los fondos operativos.
El fijar limites bajos, como hizo España, respondió en su momento a una voluntad política perfectamente comprehensible de intentar integrar en el nuevo sistema al mayor numero de productores posibles, maximizando de paso los fondos comunitarios que llegaban al sector. Esto fue en el año de gloria 1996.
Hoy, 26 años después, se puede constatar que el mecanismo ha contribuido a mejorar la posición competitiva en Europa de los productores españoles y ha cumplido bastante bien con su misión de conseguir fondos europeos pero, también, que estamos muy lejos de haber conseguido el objetivo central perseguido.
Con 5 productores y 3 millones de euros de valor de la producción comercializada, no puedes ser un actor que pese sobre el mercado. Me podrán decir Ustedes, con razón, que con 10 miembros y 6 millones tampoco lo vas a conseguir y tendrían Ustedes toda la razón. Pero no se tomó Zamora en una hora y, después de 26 años de parón, al menos las cosas se mueven. Además, se han de mover lentamente, suficientemente lentamente, para dar tiempo al tiempo y permitir adaptaciones, que solo pueden ser progresivas.
Celebremos pues, como se merece, este primer paso y esperemos que sea esto, un primero paso, para que en antes del final de la presente década, podamos celebrar los siguientes.
El objetivo
En la normativa, el MAPA hace alusión al documento «Recomendaciones de la Comisión para el Plan Estratégico de la PAC de España», en el que el Ejecutivo comunitario sugiere que hay demasiadas OPFH y de pequeño tamaño y propone adecuarlas a las nuevas normas para la próxima PAC.
Para el director general de la federación hortofrutícola Fepex, José María Pozancos, estas nuevas condiciones adicionales «limitarán el acceso de los productores a los fondos y los programas operativos, principal medida de financiación de inversiones y de acciones de mejora de calidad» con la que cuentan los productores.
Ha recordado que los fondos operativos están cofinanciados en un 50% por los productores y en otro 50% por la Unión Europea (UE), con un límite máximo de ayuda financiera comunitaria del 4,6 % del valor de la producción comercializada.
POSTURAS ENCONTRADAS: DESDE «LO QUE IMPORTA ES SUMAR, NO DE ECHAR GENTE» A «EVITAR QUE ENTREN FONDOS DE INVERSIONES»
Desde Asaja, el responsable técnico del sector, José Ugarrio, ha confirmado que esta asociación agraria se ha mostrado en todo momento crítica con los incrementos del número mínimo de socios de una OPFH y del valor mínimo de producción comercializable.
A su juicio, muchas de las OPFH que ya están constituidas tendrán que ver la viabilidad de si pueden cumplir o no con este nuevo criterio en el periodo transitorio, y «de lo que se trata es de sumar, no de echar gente que ya está dentro del sector».
En contraste, el responsable hortofrutícola y miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG, Andrés Góngora, ha considerado «un paso adelante, aunque insuficiente», la elevación de los mínimos para el reconocimiento de una OPFH, una «reclamación histórica» de esta asociación.
Para Góngora, aumentar aún más el mínimo de miembros podría evitar «situaciones indeseadas que desvirtúan el espíritu de las OPFH y facilitan el trasvase de ayudas públicas a fondos de inversión especulativos», a la vez que favorecería la «concentración de la oferta».
El responsable de fruta dulce de Unión de Uniones (UDU), Josep Cabré, ha apuntado que «más allá de que el número de socios de una OPFH sea más o menos, lo que más nos preocupa es que los que sean, sean agricultores profesionales».
«Hay que evitar la entrada de fondos de inversión y de gente de fuera del sector que se pueda beneficiar de ayudas a las OPFH», ha sentenciado, no si antes añadir que la ampliación del número mínimo de socios «será difícil en algunas regiones y comarcas para sectores específicos».
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