Las principales organizaciones agrarias califican las medidas propuestas como “un paso adelante” pero siguen con las movilizaciones acordadas porque aún “queda mucho por recorrer”
Diez días de protestas masivas. Cortes en las principales carreteras de toda España, centenares de detenidos, bloqueos a las centrales logísticas de la gran distribución… el sector agrario español ha dicho basta. Y lo ha hecho saliendo a la calle de una manera nunca vista hasta el momento. Los sindicatos agrarios han conformado un calendario con más de 40 protestas para este febrero en diferentes provincias, mientras que otras no reconocidas gubernamentalmente o las protestas “espontáneas” también han salpicado el país estas últimas semanas.
Como telón de fondo de estas movilizaciones, agricultores y ganaderos reclaman unas políticas verdes más “flexibles” y “realistas, el refuerzo de la ley de cadena alimentaria, la simplificación administrativa, el fin de la competencia desleal y al instauración de cláusulas espejo o el compromiso del Gobierno al apoyo público a los seguros agrarios, entre otros aspectos.
Y todo este clamor agrícola, que se ha extendido por toda Europa, parece haber surtido efecto. Ya desde la Comisión Europea han respondido de manera proactiva a las crecientes protestas de los agricultores, reconociendo la importancia de abordar sus preocupaciones y avanzar hacia políticas que promuevan la equidad y la sostenibilidad en el sector agro. Por ello, ya se han publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea las excepciones a las obligaciones del barbecho que fija la PAC; el Parlamento Europeo se ha pronunciado a favor de normas más sencillas para las nuevas técnicas genómicas en plantas; y la mismísima presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció la retirada de la propuesta de la nueva ley que pretendía suprimir, sin ofrecer alternativas eficaces y únicamente a los agricultores europeos, el 50% de las soluciones fitosanitarias empleadas para hacer frente a las plagas y enfermedades.
El Gobierno ha propuesto un paquete de 18 medidas que se dividen en siete bloques referidos a la ley de la cadena, la simplificación de la burocracia, las cuestiones comerciales, los seguros agrarios, el gasóleo comercial, la ganadería extensiva y el relevo generacional
A nivel estatal, el ministro de Agricultura, Luis Planas, convocó a las principales organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA, a una reunión para elaborar un plan de acción con el fin de “aliviar” situación del sector agro y dar respuesta a sus demandas. De este modo, el Gobierno ha propuesto un paquete de 18 medidas que se dividen en siete bloques referidos a la ley de la cadena, la simplificación de la burocracia, las cuestiones comerciales, los seguros agrarios, el gasóleo comercial, la ganadería extensiva y el relevo generacional.
Ley de la cadena
El aumento exacerbado del precio desde el origen al consumidor es una reclamación casi histórica del sector. Y aunque ahora este control lo estaba realizando Agencia de Información y Contral de Alimentos (AICA), el Gobierno creará una agencia estatal de información y control alimentario para reforzar la inspección de las infracciones a lo largo de la cadena alimentaria. Se reforzará la coordinación entre las comunidades y se incluye la posibilidad de publicar las sanciones totales que puedan acumular los infractores.
Menos burocracia
En el referido a la simplificación de la carga administrativa que soportan los agricultores y ganaderos, destaca la eliminación de la obligatoriedad en la puesta en marcha del cuaderno digital en el marco de la PAC, que ahora será voluntario. No obstante, y dada la importancia que otorga el Gobierno a este instrumento, Planas ha indicado que se concederán incentivos —aún por determinar— para que los profesionales del sector que lo adopten.
El cuaderno digital pasa a ser voluntario y el Estado incentivará a los profesionales del sector que lo adopten
Asimismo, el ministro ha anunciado la flexibilización de la condicionalidad de la PAC, con la derogación de algunas obligaciones relativas a la rotación de cultivos en regadío, y la ampliación del catálogo actual de los eco-esquemas para tener en cuenta las zonas especialmente áridas.
Cuestiones comerciales
En el ámbito comercial, el ministro se ha comprometido a defender en todos los foros internacionales el principio de reciprocidad en la utilización de productos fitosanitarios en la producción de alimentos, las llamadas cláusuals espejo.
Ha avanzado, además, que cuando sea necesario para sustancias que no estén autorizadas en la UE y la Comisión Europea no haya establecido un límite máximo de residuos, España de forma preventiva establecerá este límite en cero.
Y ha insistido en que si bien la política comercial es común en la UE para todos los Estados miembros, España puede aplicar normas relativas a cuestiones como la seguridad o salud pública y es aprovechando esta posibilidad como pretende aplicar esta medida.
Seguros agrarios
Luis Planas ha subrayado el apoyo del Gobierno a los seguros agrarios, con 284,5 millones de euros en 2024, más las aportaciones necesarias para su estabilidad, y con adaptaciones de las líneas para tener en cuenta las nuevas circunstancias climáticas.
Gasóleo profesional
El Gobierno se ha comprometido con las organizaciones agrarias a mantener los incentivos en vigor relativos al gasóleo agrícola que, según Planas, suponen unos 400 millones de euros anuales en subvenciones.
Además, se mantendrá la vigencia durante 2024 de las deducciones del 35 % de la factura del gasóleo y de un 15 % de la de los plásticos y fertilizantes, en el IRPF, en el método de estimación objetiva.
También ha reiterado la intención de organizar un foro de ganadería extensiva y articular soluciones de crédito bonificado y avalado para la incorporación de jóvenes al sector.
Reacciones
Con todo, las organizaciones han valorado el anuncio como “un paso hacia delante”, a falta de concretar las actuaciones a nivel técnico en distintos grupos de trabajo a partir de la semana que viene. No obstante, también han avanzado que las protestas anunciadas se mantienen, pues a pesar de los avances, aún “queda mucho por recorrer”.
Las organizaciones han valorado el anuncio como “un paso hacia delante” pero mantienen las protestas porque aún “queda mucho por recorrer”
El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha asegurado que ha visto avances, pero ha reclamado soluciones para otros muchos aspectos no incluidos e incluso ha aludido a decisiones como las tomadas en relación con el lobo por el Ministerio de Transición Ecológica.
Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha señalado que lo acordado es este encuentro “abre un camino nuevo”, pues hay medidas “que antes eran imposibles y ahora son viables”. Con respecto a los acuerdos comerciales, es un tema “de los que más preocupan”, por lo que ha pedido al ministro a defender los compromisos adoptados entre el Gobierno y las organizaciones agrarias en Bruselas.
Para la vicesecretaria general de UPA, Montserrat Cortiñas, el ministro ha escuchado el mensaje de las organizaciones agrarias con esta batería de propuestas que incluye “avances”, que “hay que pelear” para que se concreten. En cualquier caso, ha solicitado “más fondos y más personal” para que, por ejemplo, se haga efectivo el refuerzo del cumplimiento de la ley de la cadena con la creación de la Agencia anunciada por el ministro.